El drama de los peruanos en el extranjero que luchan por recuperar su nacionalidad
Por: Renzo Giner Vásquez
Diferentes países en el mundo impiden que un ciudadano tenga dos nacionalidades. Noruega era uno de ellos, por lo que María Teresa Gonzáles-Otoya Arrese tuvo que renunciar a ser peruana para poder seguir trabajando. Ahora, pese a la reforma en el país nórdico, una traba burocrática le impide volver a ser legalmente peruana.
En la actualidad existen 21 países en el mundo cuya legislación limita severamente o prohíbe directamente que un ciudadano tenga dos nacionalidades. Hasta finales del 2018 Noruega integraba dicha lista, lo que obligó a que muchos renunciaran a su nacionalidad original para poder establecerse en la nación nórdica. Entre ellos se encontraba María Teresa Gonzáles-Otoya Arrese, una abogada trujillana que ha visto frustrado su intento de recuperar la nacionalidad peruana debido a lo que califica como “absurdas trabas burocráticas” que imposibilitan dicho procedimiento.
Gonzáles-Otoya, de 43 años, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo y está inscrita en el Colegio de Abogados de La Libertad, pero no puede ejercer su carrera en nuestro país debido a que desde el 2015 no es oficialmente peruana.
“Toda mi vida trabajé en el Perú, estudié en un colegio nacional, viví la época del terrorismo, he pagado mis impuestos, mis afectos están en el Perú, he votado y quiero seguir haciéndolo. Por cosas de la vida migré y para avanzar tuve que renunciar a mi nacionalidad”, explica a El Comercio a través de una llamada telefónica.
María Teresa se casó en el 2007 con un ciudadano noruego y un año después fueron a Flatdal, una ciudad ubicada a dos horas de la capital Oslo. Juntos tuvieron un hijo y en el 2014 decidió retomar su vida laboral. Sin embargo, en Noruega existen dos condiciones para trabajar como abogado: tener un título universitario del Espacio Económico Europeo y ser nacional europeo.
El primer requisito lo pudo resolver convalidando sus estudios en España, obteniendo el título de abogada a mediados del 2020 tras un proceso de homologación de cuatro años. Sin embargo, los problemas surgirían con el segundo requerimiento.
En el 2015, cuando María Teresa se encontraba en medio de este proceso, en Noruega aún estaba vigente una ley que impedía a sus ciudadanos tener dos nacionalidades. Por entonces ya se rumoraba que la legislación cambiaría en algún momento; sin embargo, aún no se había iniciado un debate oficial al respecto.
Ante esto, María Teresa tuvo que renunciar a su nacionalidad peruana y postular a la noruega, derecho al que podía acceder a partir de los tres años y medio de matrimonio con un ciudadano de ese país. “Para renunciar solo debes pagar una tasa al consulado y realizar una escritura pública. Es muy fácil renunciar a la nacionalidad, lo difícil es recuperarla”, explica.
En diciembre del 2018, el Parlamento Noruego aprobó una reforma al Acta de Nacionalidad que permitía la figura de la doble nacionalidad, una modificación que entraría en vigencia desde enero del 2020. “Creo que es un día de celebración. La ley data de 1888. Está lista para ser revisada y debe adaptarse a la época en la que vivimos”, comentó en aquella oportunidad Ove Trellevik, representante del Parlamento.
En teoría, la reforma le otorgaba a María Teresa la opción de ejercer su profesión en el que desde hacía una década se había convertido en su hogar y volver a ser legalmente peruana. En la práctica, sin embargo, un requisito la llevaría a enfrentar una batalla legal que ya se extiende por más de un año.
En diciembre de 1995, el Congreso presidido por Martha Chávez promulgó la Ley N° 26574, también conocida como Ley de Nacionalidad, que regula “los vínculos jurídicos, políticos y sociales concernientes a la nacionalidad peruana”.
El artículo 8 de dicha ley menciona que quien haya renunciado expresamente a la nacionalidad peruana tiene el derecho de recuperarla. Para esto, se presentan cuatro condiciones -tres de ellas indispensables- para procesar dicha solicitud.
El problema, según María Teresa, reside en el numeral 1 del artículo 8, cuyo texto indica que el solicitante deberá “establecer su domicilio en el territorio de la República, por lo menos un año ininterrumpido”.
“Tengo mi trabajo y a mi familia aquí, es imposible que pueda ir un año al Perú dejando todo atrás”, señala la abogada. “El artículo 8 no tiene sentido, es tan solo una absurda traba burocrática. Si la intención es castigar a quienes renunciaron a la nacionalidad porque se ve como algo terrible me parecería realmente absurdo”.
UNA REFORMA MÁS GRANDE
Motivada por su intención de volver a ser legalmente peruana, María Teresa creó un grupo en Facebook con el que buscaba contactar a otros peruanos en la misma situación. Primero conoció casos en Noruega, luego le llegaron otros de Finlandia, Dinamarca y Alemania. Finalmente, entró en contacto con el Comité en Múnich, una agrupación de compatriotas que busca una reforma más amplia sobre la legislación peruana de nacionalidad.
“Esto es parte de algo más grande, de atender las necesidades de otra parte de la población peruana que vive afuera. El comité ha presentado dos reformas [al Congreso de la República] en el 2015, uno para modificar el artículo 53 de la Constitución y otro para modificar el artículo 8. Pero al final quedó en nada, no sé por qué”, cuenta.
Al tratarse de una reforma en la Carta Magna, dichos proyectos ingresaron a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. El pedido de modificación del artículo 53 presentado hace cinco años buscaba que se declare a la nacionalidad peruana como irrenunciable. María Teresa, sin embargo, aclara que esta figura está desfasada por lo que urge un debate al respecto.
“La nacionalidad está relacionada con la libertad y voluntad del individuo. Yo estoy elaborando un reporte académico sobre cómo en España, México, Ecuador o Portugal han buscado una fórmula constitucional con la que no se permite que el país de acogida condicione la entrega de la nueva nacionalidad a la renuncia de la de origen. En el 2005 hubo una reforma en Chile sobre ciudadanía y nacionalidad, debido a que ellos pasaban por los mismos problemas que los peruanos vivimos ahora. Abordaron el tema desde los 90 y el resultado llegó en el 2005. No necesitamos recurrir a la irrenunciabilidad de la nacionalidad, sino a que esto no sea un requisito para obtener otra”, explica.
Por otro lado, mientras los proyectos propuestos por el Comité de Múnich siguen sin ser debatidos desde hace cinco años, en el 2018 se realizó una modificación a la Ley de Nacionalidad que beneficia a “deportistas calificados de origen extranjero que residan en el territorio de la República y que expresen su voluntad de ser peruanos y de representar al Perú en los eventos deportivos oficiales”, quienes podrán naturalizarse peruanos mediante un pedido del Instituto Peruano del Deporte.
María Teresa expresó su molestia asegurando que dicha reforma se tramitó antes que la propuesta por el comité debido a la proximidad de los Juegos Panamericanos Lima 2019. “No me parece justo. Dónde queda mi carrera, haber trabajado siete años en el Perú, haber estudiado una maestría en nuestro país”, reclama.
El Comercio solicitó una entrevista con el congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, antes del inicio del receso parlamentario. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido concertar dicho encuentro.
Adicionalmente, María Teresa asegura que no existe información estadística pública sobre la cantidad de peruanos que han tenido que renunciar a su nacionalidad. Ante ello, dirigió una carta a Cancillería solicitando conocer “el número de peruanos de nacimiento que en los últimos 10 años renunciaron a la nacionalidad, precisando el número de personas por país en que se ha realizado dicha renuncia”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, remitió la solicitud al Reniec desde donde respondieron que según la base de datos del Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN), 2.902 peruanos que tuvieron en algún momento DNI renunciaron a la nacionalidad entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2020.
Cabe resaltar que la respuesta de Reniec contempla solo 8 años, no 10 como los solicitados por Gonzáles-Otoya, y no detalla los países en los que se encontraban los peruanos que renunciaron a su nacionalidad.
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